El Departamento de Justicia (DOJ), en México, prepara un sistema que medirá el desempeño de los jueces de inmigración, como aliciente para acelerar los procesos de más de 634 mil casos estancados a nivel nacional.

Parte de las evaluaciones se hará a través de la velocidad con la que cierren cada proceso, la equidad y lo informados que estén de cada caso, sostiene un memorando emitido por el fiscal general Jeff Sessions.

La preocupación de los jueces de inmigración en El Paso y en otras partes del país es que en lugar de métricas cualitativas, se usen cuotas numéricas para medir el desempeño que afecten el debido proceso y desaten fallos y deportaciones injustas.

En la actualidad en El Paso, según el Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC), a un inmigrante cuyo caso se presenta por primera vez en el sistema judicial se le está programando una audiencia para finales del 2019.

Además del retraso que se presenta en El Paso la tendencia se extiende a todo Texas con más 95 mil casos en espera, después de California con 97 mil, que es el estado con más rezago de audiencias de inmigración en el país.

Según la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR) –parte del DOJ–, el número de casos pendientes de los tribunales nacionales de inmigración se ha más que duplicado de 2009 a 2017 llegando a los 634 mil.

La juez Dana Leigh Marks, vocera de la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración (NAIJ) y quien dijo hablar por parte los jueces de inmigración en El Paso –quienes no tienen autorización de hablar con los medios– asegura que este mandato, aún en proceso, es “angustiante”.

“Estamos hablando de casos muy complicados donde un fallo injusto puede causar la muerte de una persona al ordenar su regreso a su país de origen donde alguien lo espera para quitarle la vida, o de aquel que ha vivido toda la vida en este país y forzosamente le tocará vivir en otro que nunca ha conocido”, dijo Marks.

Un portavoz del Departamento de Justicia manifestó a El Diario que están en curso propuestas para optimizar la eficiencia del sistema judicial de inmigración.

“Durante años, el sistema de los tribunales de inmigración no ha abordado los problemas sistémicos que agregan tiempo innecesario en cada caso y acentúan indebidamente el número de casos pendientes. Cada sistema de adjudicación tiene objetivos, puntos de referencia o métricas para garantizar que los casos se manejen de manera eficiente y oportuna, sin comprometer el debido proceso”, dijo a El Diario Devin O’Malley, portavoz del DOJ.

El portavoz además dijo que EOIR ya tiene numerosos objetivos de finalización de casos impuestos por estatuto o recomendación del Congreso, y está desarrollando puntos de referencia adicionales para que los tribunales de inmigración ayuden a manejar casos de manera apropiada, aumentar la productividad y reducir el volumen de casos pendientes.

En El Paso, 91 por ciento de los inmigrantes que van a la Corte son deportados, mientras que en Texas es el 69.4 por ciento, según datos de EOIR.

A nivel nacional la tasa de deportación aumentó en el año fiscal 2017, a 55 por ciento, desde 43 por ciento en el año fiscal anterior.

“Nuestras decisiones impactan la vida de las personas y tenemos que garantizar que no exista ninguna duda de que somos justos. Necesitamos más recursos, más jueces, tiempo que garantice un debido proceso. No cuotas que si no cumplimos ponen en peligro nuestro trabajo”.

Victoria Neilson, de Immigration and Nationality Law Committee (INLC), explicó que la complejidad de la ley de inmigración a menudo requiere que los jueces procedan con cautela y con continuidad. Dijo que es un campo plagado de leyes inestables, de barreras idiomáticas; además de testigos y evidencia que se encuentran en muchas ocasiones en el extranjero.

“Son muchos los desafíos y alta la complejidad de los casos de inmigración que acelerarlos significa privar a las partes del debido proceso”, dijo Neilson.

Marks, aseguró que por ahora, el sindicato de jueces de inmigración todavía está negociando detalles sobre las medidas de desempeño con DOJ y que se considera un mandato en proceso.

En varias ocasiones el sindicato se ha quejado de que hay muy pocos jueces y que cuentan con muy poco personal como secretarios para ayudarles.

“El mandato parece que trata de culpar a los jueces de inmigración como si no estuviéramos siendo eficientes”, sostiene Marks.

En El Paso hay siete jueces de inmigración y a nivel nacional se calculan aproximadamente 329 jueces en 58 cortes, con unos 50 de ellos contratados desde la toma de posesión del presidente Donald Trump.

Con esta regla en pie, los abogados de inmigración opinan que los inmigrantes enfrentan desventaja, ya que muchos no hablan inglés, no tienen el dinero para contratar a un letrado y muchos terminan por defenderse por sí solos.

“Las vidas de las personas están en riesgo en los casos de tribunales de inmigración”, dijo Rose Soldi, abogada migratoria en El Paso.

Soldi considera que forzar bajo un mandato a los jueces a completar los casos en un marco de tiempo rápido afectará la capacidad de éstos para tomar decisiones cuidadosas y bien pensadas.

Por su parte Sessions sostiene que el nuevo sistema es otra herramienta necesaria en el control de inmigración.

“Juntos (las cortes y el departamento) hemos hecho un progreso significativo desde el comienzo de la administración Trump, pero queremos aprovechar este éxito para consagrar lo que la ley contempla y lo que la gente desea: el fin de la ilegalidad en nuestro sistema de inmigración”, dijo Sessions en un memo.

La juez Marks concluyó diciendo que NAIJ considera que en lugar de imponer cuotas arbitrarias a los jueces de inmigración –lo que obstaculizaría aún más su capacidad de ejercer control y juicio independiente en sus salas de audiencias– se ha sugerido que el Congreso establezca que el tribunal de inmigración se convierta en un tribunal judicial independiente.

“Mientras el tribunal permanezca dentro del Poder Ejecutivo, nunca será verdaderamente independiente de las presiones políticas”, acotó Marks.