El caos en la frontera sur de Estados Unidos impulsado por la administración actual podría generar un costo directo e indirecto que supera el billón de dólares para los contribuyentes. Según un análisis de la Federación para la Reforma de la Inmigración Estadounidense (FAIR), los contribuyentes han pagado más de 182.000 millones de dólares al año por los más de 15 millones de inmigrantes indocumentados que residen en el país.

El Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) ha llevado a cabo deportaciones a un costo de alrededor de 11.000 dólares por persona, incluyendo alojamiento, comida y transporte de los detenidos. Además, se han destinado millones de dólares a la detención y acomodación de familias con niños que cruzan ilegalmente la frontera.

A pesar de los esfuerzos por presentar una imagen pro-inmigrantes, más del 70% de los inmigrantes que ingresan ilegalmente a Estados Unidos son expulsados debido a delitos o infracciones cometidas en el país o por no poder pagar los honorarios legales para solicitar asilo u otros trámites. Los estados fronterizos también han tenido que destinar fondos locales para combatir el tráfico de personas y drogas.

Recientemente, la Corte Suprema de Estados Unidos permitió que la administración de Biden continuara con su política de deportaciones. El fallo señaló que Texas y Louisiana no tenían legitimidad para impugnar las reglas de inmigración federales, argumentando el alto costo para los estadounidenses. Sin embargo, el fallo no impide que los estados presenten demandas en casos que involucren la falta de acciones del Poder Ejecutivo en realizar más arrestos o procesamientos.

El impacto financiero del caos migratorio en Estados Unidos continúa siendo una preocupación importante para los contribuyentes y los estados fronterizos, mientras se buscan soluciones efectivas para abordar esta compleja situación.

Fuente: https://www.diariolasamericas.com/