Varios de los más grandes condados y ciudades de Texas anunciaron hoy que colaborarán para presentar demandas legales coordinadas con el objetivo de evitar la implementación de la ley SB4, una medida estatal que obliga a policías locales a hacer el trabajo de agentes migratorios e incluso amenaza con castigarlos si no lo hacen.

Funcionarios locales de Austin, San Antonio, El Paso, Dallas y Houston se presentaron junto con activistas de varias organizaciones pro inmigrantes hoy en la capital de ese estado para ofrecer un frente común contra la controvertida ley, firmada por el gobernador Greg Abbot hace dos semanas y anunciar que trabajarán y protestarán contra la misma durante todo el verano.

Entre los grupos activistas presentaes estaban el Workers Defense Project, United We Dream y el Texas Organizing Project.

Austin y El Paso ya votaron esta semana en favor ordenar a sus fiscales la participación en demandas, San Antonio y Dallas lo harán esta semana y la próxima, mientras que en Houston se está haciendo presión sobre el alcalde para que impulse una medida similar, dijeron los funcionarios durante una rueda de prensa y luego una llamada nacional con medios.

“Tal y como vimos con las ciudades de San Francisco y Santa Clara en el caso contra la prohibición de musulmanes, aquí también veremos que habrá colaboración en un pequeño número de casos legales”, dijo Greg Casar, concejal de Austin. “Los fiscales de cada lugar colaborarán sobre la estrategia legal”.

Mientras el gobernador Abbot y los impulsores de la legislación aseguran que la ley está destinada a aumentar la seguridad de Texas al ayudar en la deportación de delincuentes, los jefes de policía de las cinco ciudades arriba mencionadas han manifestado su oposición y dicho que al contrario de ayudarlos, hará más difícil su trabajo.

Abbot, un partidario y aliado del Presidente Donald Trump, mantiene que hay ciudades “santuario” en su estado que se están negando en cumplir las leyes federales, pero los funcionarios locales que se oponen a la medida lo niegan y dicen que se trata de una maniobra política de su parte.

“No hay nada en las políticas de estas ciudades y condados que incumpla la ley federal”, dijo el concejal de Dallas Phillip Kingston. “Esta ley nos obliga a cumplir con órdenes de detención de ICE que los tribunales federales han dicho son ilegales y no hay una sola instancia en la que puedan comprobar que aquí se ha violado ningún mandato del gobierno federal”.

En días pasados, la ciudad fronteriza de El Cenizo,  el condado de Maverick y la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos LULAC presentaron la primera demanda legal contra la SB4, alegando que la misma no define lo que es una supuesta “ciudad santuario” y que esa ciudad y condado fronterizos temen perder los altos niveles de seguridad pública que mantienen.