Las lágrimas asoman a los ojos de Miriam cuando recuerda a Raúl, su hijo de 19 años. "Estuve siete años sin él. Hasta que logré traérmelo hace cuatro de Honduras. Y ahora, otra vez, me separan de él. En solo 40 horas. Sin alegato. Sin un juez que me haya dado un minuto para escucharme", relata en la sede del Defensor del Pueblo, donde el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) ha presentado este miércoles un informe sobre la proliferación de las deportaciones exprés en España. Un modelo que, según los datos del propio Ministerio del Interior, se ha impuesto ya en el país: en 2013, el 58% de las expulsiones de inmigrantes se ejecutó directamente desde dependencias policiales y en las 72 horas posteriores a la detención.
La progresión de este sistema durante los dos últimos años, denuncia la ONG, responde a su mayor "efectividad". Hasta ahora, el proceso habitual llevaba a los inmigrantes a un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE), donde pasaban semanas mientras se tramitaba su expediente. Pero, según argumento el colectivo, las cifras del Gobierno demuestran cómo, en estos centros, un porcentaje cada vez mayor de expulsiones terminan paralizadas. En 2014, el 53,9% de los internos salió en libertad tras su reclusión. En 2013, el 47,5%.
"Por un lado, todos estos datos evidencian que existe todavía un abuso del internamiento. Pero, también, que las deportaciones desde comisaría son ya superiores. La práctica policial ha circunvalado los CIE porque son menos eficaces", recalca José María Trillo-Figueroa, coordinador jurídico del área del SJM, que insiste en que este sistema merma las posibilidades de defensa de los extranjeros. "Es una expulsión sumaria. En muchas zonas de España se hace sin garantías y sin asistencia letrada", apostilla la ONG.
Y sin importar el arraigo del extranjero. Como el de Raúl, que vivía en Madrid desde los 15 años y a quien arrestaron cuando se dirigía en bicicleta al instituto. Su madre, con permiso de residencia y la nacionalidad en trámite, lleva ya 11 años en el país. Su hermana estudia en la universidad. "A mi hijo, que no tiene antecedentes, lo esposaron en cada traslado. En las cuarenta horas que estuvo detenido no le dieron ni ropa interior, ni un cepillo de dientes", cuenta Miriam, que supo que iban a expulsar a su hijo a las diez de la mañana de un sábado. A las doce salió su vuelo a Tegucigalpa, pero su madre no lo supo hasta ocho horas después. "Y lo dejaron en la escalerilla del avión sin más", apostilla el SJM. Sin dinero. Sin saber a dónde ir.
Las cifras de 2013 de Interior revelan que, como Raúl, 6.642 inmigrantes fueron deportadas directamente desde dependencias policiales, frente a las 4.726 que salieron de un CIE. "Entendemos que se están creando dos modelos paralelos, porque los centros de internamiento no van a desaparecer. Y esta es una alternativa más barata y eficaz para ellos", incide Cristina Manzanedo, abogada de la ONG. Este colectivo, además, enmarca dentro de esta política migratoria de Interior sus intenciones de levantar un nuevo CIE en Madrid: "Dijeron que se construiría en las inmediaciones de Barajas. Pensamos que será para las expulsiones rápidas", sentencia Trillo-Figueroa.
El País
