La noche del 10 de octubre de 2012 José Antonio Elena Rodríguez caminaba por la avenida Internacional, una vía de la ciudad de Nogales que corre paralela a la valla que divide al Estado mexicano de Sonora de su vecino Arizona, en Estados Unidos. El joven de 16 años se dirigía a su casa después de jugar baloncesto con sus amigos cuando agentes de la patrulla fronteriza le dispararon a través de la cerca desde territorio estadounidense. Desde entonces la familia ha emprendido una lucha para que se haga justicia y ha logrado que las propias autoridades de EE UU lleven a juicio a uno de los acusados. El jueves la Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana se sumó al apoyo y pidió ante una Corte Federal en California que se indemnice a la madre del menor.

El asesinato del adolescente provocó indignación y desató una serie de críticas hacia los elementos de la patrulla fronteriza, a quienes se acusa de utilizar la fuerza indiscriminadamente. El caso de José Antonio se suma al de otros 27 mexicanos que en los últimos 10 años han fallecido en incidentes que involucran a los miembros de la Patrulla Fronteriza, según datos proporcionados por la Cancillería.

La Policía de Arizona ha defendido a los agentes y ha intentado criminalizar al menor. En un comunicado emitido en 2012 dijo que José Antonio y otros jóvenes lanzaron piedras a los agentes desde el lado mexicano para impedir la captura de dos contrabandistas que intentaban cruzar un cargamento de droga en sus espaldas saltando la valla metálica. Sus oficiales, se exponía, habían exigido a los sospechosos que pararan de apedrearles y al no obedecer sus órdenes "abrieron fuego". Aunque no revelaron el nombre de los policías, tiempo después se supo que el responsable era el agente Lonnie Swartz.

Aracely Rodríguez, madre de la víctima, ha dicho que José Antonio era solo un adolescente tranquilo con deseos de estudiar. La autopsia practicada por la Fiscalía del Estado de Sonora reveló que el joven recibió al menos diez disparos y la mayoría de ellos entraron por la espalda. Las lesiones en su cuerpo indicaban que su victimario lo atacó cuando se encontraba en el suelo. Además dio negativo en las pruebas toxicológicas. "Me arrancaron un pedazo de mi vida, todavía lo extraño y lo voy a extrañar todos los días de mi vida", dijo la madre tras salir de una audiencia en un juzgado de Tucson en octubre del año pasado.

La familia de José Antonio tuvo que esperar tres años para que la justicia de EE UU se pronunciara en contra del agente. El 9 de octubre de 2015, un juez federal de Tucson dictó cargos en contra de Lonnie Swartz por homicidio en segundo grado y le prohibió salir del Estado de Arizona y Nevada y portar armas letales. El estadounidense se ha declarado inocente y ha dicho que disparó para defenderse de un ataque con piedras del que fue víctima. Según su abogado la Policía de la Frontera está autorizada a disparar si se ve en riesgo de muerte, y el ataque con piedras está considerado como una amenaza.

El proceso en contra de Swartz continúa en Estados Unidos. En México, el Ministerio de Relaciones Exteriores presentó un escrito bajo la figura legal amicus curiae (amigo de la corte), por la que un tercero ajeno a un litigio expresa su apoyo a una de las partes, a fin de colaborar con la justicia en la resolución del proceso penal. Con esta acción el Gobierno apoya el derecho de la madre a demandar una indemnización ante tribunales de EE UU. La Cancillería espera que la Corte Federal de Apelaciones del Noveno Circuito con sede en San Francisco, California siente un precedente en favor de los familiares de la víctima porque ninguna persona puede ser privada de la vida arbitrariamente.

El pasado 6 de mayo Human Rights Watch también presentó un escrito amicus curiae ante el tribunal de apelaciones La organización expone que el agente no debe escapar de la acción de la justicia si se comprueba que su actuación no se apega a la ley. Las normas internacionales exigen a los elementos de seguridad usar la fuerza solo cuando sea necesario y las fronteras no son zonas de excepción ni están exentas de la obligación de respeto de los derechos humanos. "Un niño desarmado en la calle no hubiera supuesto una amenaza inmediata para el agente Swartz, que estaba al otro lado de la valla", se expone en el comunicado

El País