Las principales organizaciones de derechos civiles de Estados Unidos, encabezadas por la ACLU y el Southern Poverty Law Center, han anunciado que presentarán una demanda federal contra el gobernador de Florida, Ron DeSantis, por la promulgación de la ley migratoria SB 1718. Esta legislación, considerada la más dura del país, entró en vigor el 1 de julio y ha generado fuertes críticas debido a sus disposiciones severas y su presunta inconstitucionalidad.

El comunicado conjunto emitido por el Southern Poverty Law Center, la ACLU, Americans for Immigrant Justice y el American Immigration Council destaca que la ley SB 1718 es discriminatoria contra los inmigrantes y representa una amenaza para los derechos y el bienestar de todas las personas en el estado de Florida. Argumentan que esta ley no solo viola derechos fundamentales, sino que también socava la riqueza cultural y las contribuciones económicas de los inmigrantes.

La demanda, que será presentada en nombre de diversas personas y la Asociación de Trabajadores Agrícolas de Florida, se enfocará específicamente en las disposiciones perjudiciales descritas en la Sección 10 de la ley. Esta sección penaliza el transporte de personas a Florida que puedan haber ingresado al país sin una inspección federal, estableciendo duras penas que podrían llegar hasta los 15 años de prisión.

La ley migratoria SB 1718 impone castigos severos a los indocumentados, sus familias y sus empleadores. Entre sus cambios más destacados se encuentra la obligatoriedad para los empleadores con más de 25 trabajadores de utilizar el sistema E-Verify para verificar la elegibilidad de empleo. Asimismo, se exige a los hospitales recopilar datos sobre el estatus migratorio de los pacientes, y se convierte en delito el transporte de un indocumentado hacia el estado.

Voceros de las organizaciones demandantes han denunciado que esta ley representa un ataque a las comunidades de inmigrantes y una extralimitación del gobierno estatal. Se argumenta que su propósito es infundir miedo y criminalizar a estas comunidades. Además, se ha señalado que la ley migratoria de Florida podría ser una estrategia política del gobernador DeSantis de cara a su candidatura presidencial en 2024.

Esta demanda federal pone de manifiesto el rechazo y la preocupación de diversas organizaciones y activistas en defensa de los derechos humanos. Cuestionan el impacto negativo que la ley SB 1718 tendrá en la seguridad pública y la salud de millones de familias mixtas, además de propiciar su explotación.

Florida, un estado con una rica historia de acogida a los inmigrantes, se enfrenta ahora a una polémica situación. Los defensores de los derechos civiles y las organizaciones involucradas en la demanda enfatizan que la prosperidad futura de Florida dependerá de seguir siendo un lugar acogedor para todas las personas, independientemente de su lugar de nacimiento o estatus migratorio.

Fuente: Telemundo