A partir del 1 de octubre, ni siquiera una matrícula consular será válida para circular por Carolina del Norte, en caso de aprobarse definitivamente una estricta legislación que restringe el uso de los documentos de identificación aceptados por el estado y prohíbe la adopción de ordenanzas locales relativas a ciudades santuario.

Se trata de la propuesta HB 318, aprobada en el Senado estatal por 27 votos a favor y 17 en contra. La norma excluye la matrícula consular mexicana y demás documentos expedidos por los consulados extranjeros como identificaciones legítimas en el estado de Carolina del Norte.

De ser confirmado el texto por el comité de reconciliación de las dos cámaras, y firmado por el gobernador republicano Pat McCrory, la nueva legislación, entraría en vigor el 1 de octubre.

Lacey Williams, vocero de la Coalición Latinoamericana de Charlotte, lamenta la decisión: "Los legisladores de Carolina del Norte le están enviando un mensaje a la comunidad hispana y a los inmigrantes que no les importan".

"Si no se conforma un bloque de votantes, siempre van a tratar así a los latinos", agregó la dirigente.

La normativa prohíbe la emisión de documentos locales, gubernamentales, policiales e independientes que sirvan de prueba de identidad para quienes los porten consigo.

También deja sin efecto un arreglo entre la policía de Greensboro, la tercera ciudad del estado, y la organización local FaithAction de aceptar un documento con fotografía que hasta ahora evitaba el arresto de indocumentados por infracciones menores de tráfico.

Una iniciativa similar a favor de los inmigrantes irregulares se había ampliado a las localidades de Burlington, Elon, Graham, y Kernerville.

El proyecto de ley significa un revés para los proyectos de identificaciones municipales en Charlotte, la ciudad más poblada del estado, y Winston-Salem donde entidades gubernamentales y grupos comunitarios estaban impulsando la emisión de los documentos para identificar a los inmigrantes y otros grupos.

En el caso de Charlotte, una comisión asesora de la ciudad recomendó la expedición de las identificaciones, que tiene el aval del alcalde y del jefe de policía.

"Esta es una iniciativa de los sectores intolerantes republicanos para aprobar leyes antiinmigrantes en la Legislatura estatal por pedazos", dijo el activista Héctor Vaca de la organización estatal Action NC.

La HB 318 es explícita en ordenar que ningún condado de Carolina del Norte podrá poner en efecto medidas locales que restrinjan la aplicación de las leyes federales de inmigración, y veta que las agencias policiales locales no compartan información sobre los indocumentados con las autoridades federales.

La legislación obliga a que los contratistas y los subcontratistas del estado se sometan al sistema E-Verify, que verifica el estatus migratorio de los trabajadores de entidades públicas y empresas privadas.

Además, hace más rápido el trámite de querellas ante el Comisionado de Trabajo contra los que no participen en el sistema E-Verify, que se convirtió en obligatorio desde el 1 de octubre de 2012, y que ha sido aplicado por etapas.
Desde julio de 2013 es indispensable que las empresas que tengan 25 empleados o más realicen la verificación.

La organización NC Listen que se opone a los indocumentados realizó una campaña a favor de la nueva normativa, argumentando que el Senado de Carolina del Norte debería aprobarla.
"Debe pasarla para arreglar nuestra destrozada ley de E-Verify. Los ciudadanos necesitan los empleos, los ilegales no", anunció.

La HB 318 fue aprobada en la Cámara de Representantes del estado el pasado 23 de abril con 80 votos a favor y 39 en contra.

La legislación fue propuesta en marzo por el representante republicano George Cleveland, con el copatrocinio de los legisladores Chris Millis, Chris Whitmire y Debra Conrad, también republicanos.
En Carolina del Norte hay 340 mil indocumentados que necesitan identificaciones con fotografía para no ser arrestados por la policía.

Univision