El segundo debate del proyecto de reformas a la ley de Minería consta en la agenda del pleno de la Asamblea Legislativa de este lunes 10 de junio.

El pasado 16 de mayo, el Ejecutivo remitió el proyecto de reformas con carácter de urgente, lo que da un plazo de 30 días para su trámite. El Parlamento unicameral, integrado por 137 legisladores -100 de ellos del oficialismo- debe tramitar el proyecto hasta el 15 de junio.

Entre las reformas que se plantean en el proyecto de ley consta: que el impuesto a los ingresos extraordinarios se cobrará luego de recuperada la inversión, determinar la existencia de la mediana minería en el país, pues hasta 300 toneladas de procesamiento del mineral se considera pequeña minería y 60 mil toneladas comprende el término de gran minería.

La nueva categoría establecerá que a partir de un procesamiento diario de 300 a 1.000 toneladas se considere una producción de mediana minería, lo que atraería a nuevos inversionistas.

Durante el proceso de socialización del proyecto legal, el viceministro de Minas, Richard Vera, ha manifestado que se necesitan hacer algunas correcciones a la Ley de Minería, vigente desde el año 2009.

Indicó que se amplía la capacidad para los pequeños mineros; regula los procesos de caducidad; se establece que el Banco Central compre el oro a los mineros artesanales; se establecen porcentajes de regalías que deben pagar al Estado; se fortalece la acción de control de la Agencia de Regulación y Control Minero.

Agregó que también se busca proteger el ambiente y la salud de los mineros y de los pobladores, al establecer la prohibición del uso del mercurio, así como también se hace constar en la Ley la regularización de los mineros artesanales que tienen sus labores mientras dentro de áreas concesionadas.

Sectores opositores –la Confederación de Nacionalidades Indígenas y su brazo político, el partido Pachakutik- han argumentado que se requiere una consulta prelegislativa, pero el oficialismo ha puntualizado que esta opción no procede pues el proyecto se trata de reformas a la ley y además porque no se ha demostrado objetivamente qué derechos colectivos se vulnerarían.

Tomado de http://www.andes.info.ec