Hasta el 22 de diciembre del 2017, los obreros habían presentado 94 reclamos sobre asuntos relacionados con inmigración, lo que representa un incremento significativo en relación al 2016, cuando se registraron 20 y en 2015, cuando solo fueron presentadas siete, informó Los Ángeles Times el martes 2 de enero.

 Los casos incluyen situaciones en los cuales los patrones amenazaron con llamar a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), luego de que se quejaron por sus condiciones laborales, incluido el robo de salario. Otras denuncias tienen que ver con empresarios que solicitaron documentación diferente a la requerida por las leyes federales de inmigración o se rehusaron a aceptar como válidos documentos que parecían genuinos, según el periódico.

 Estas amenazas no son nada nuevo en la vida de la comunidad indocumentada de California, dijeron activistas proinmigrantes. En el estado viven más de 2.3 millones de personas sin un estatus legal.

 En una de las demandas presentadas por la Comisionada del Trabajo del estado, Julie Su, se explica que uno de los empresarios amenazó con reportar a un trabajador ante las autoridades migratorias “varias veces cada año”.

 Según Su y activistas proinmigrantes locales, el incremento en las denuncias podría explicarse debido a que los patrones ahora se sienten más cómodos de utilizar a ICE como un arma debido al aumento de la retórica antiinmigrante y los operativos realizados por la agencia luego de la llegada al poder del presidente Donald Trump, quien ha atacado constantemente a los inmigrantes desde que anunció que buscaría llegar a la Casa Blanca.