Jorge Harris, director del Consejo Nacional Electoral (CNE) en Azuay, refirió ayer que el proceso de cara a la consulta popular sobre la actividad minería en Girón “sigue su marcha” a pesar de la decisión del juez Vicente Ribadeneira de suspenderla tras dictar medidas cautelares.

“En el caso de Quimsacocha el proceso es normal (…) No hay ninguna interferencia en el cantón Cuenca ni en el cantón Girón, de modo que si bien la decisión del juez ha sido observada por el CNE, el proceso sigue su marcha”, puntualizó Harris.

Diana Atamaint, presidenta del CNE, también se pronunció más temprano sobre el tema tras pedir al juez Ribadeneira que revoque las medidas cautelares. “Cuando estamos en un proceso electoral ninguna autoridad extraña a la organización podrá intervenir directa o indirectamente en los procesos electorales ni el funcionamiento de los órganos. El proceso electoral está en firme y tendremos que llegar al 24 de marzo de acuerdo a todo lo planificado dentro del calendario”, enfatizó Atamaint.

Reacciones

Los representantes de INV Metals, empresa que tiene la concesión del proyecto minero Loma Larga, dijeron que si la consulta popular en Girón llega a interrumpir sus operaciones no descartarán llevar este caso a cortes internacionales una vez agotadas las instancias legales en el país.

Según Juan Guerrero, abogado de la empresa, INV Metals, al ser de esta de procedencia canadiense, tiene un Tratado Bilateral de Inversiones (TBI) firmado con el gobierno ecuatoriano, lo que le permitiría a la empresa minera iniciar un proceso legal en caso de que se suspenda el proyecto.

“¿Ustedes creen que a un árbitro internacional le vamos a poder decir que 15.000 personas pueden pronunciarse sobre un tema que es de interés nacional..? estamos seguros que nos van a establecer una indemnización de cientos de millones de dólares, pero ese no es nuestro negocio, lo que queremos es que nos dejen hacer nuestro trabajo”, señaló Guerrero.

La extracción minera en la zona, según el procurador de INV Metals, se trata de un tema de interés social, por lo tanto la consulta debería no solo realizarse en un cantón, sino en todo el país.

Por su parte, el gerente de INV Metals, Jorge Barreno, aseguró que si la consulta se realiza y los resultados de esta los desfavorecen, el proyecto sería inviable. Además, dijo que la imagen internacional del país sufriría con la suspensión de la extracción.