“Queremos pedir disculpas a nuestros clientes por los inconvenientes. Queremos dejar en claro que nosotros no nos hemos llevado ningún dinero ni hemos estafado a nadie”. Fueron de las primeras palabras que dijo ayer Javier Pachacama en la Policía Judicial. Él, junto a su esposa, Yadyra Torres, son propietarios de Unión Constructora (UC) y están acusados de haber estafado a cerca de 7 mil personas en planes no entregados y están detenidos desde la noche del martes.

Pachacama aseguró que está dispuesto a devolver los recursos captados ya que los activos con los que cuenta Unión Constructora sobrepasan los montos recibidos. “El dinero que aportó cada cliente está invertido en obras, en terrenos”, alcanzó a decir antes de ser trasladado, junto a su pareja, a los calabozos, a la espera de la audiencia de formulación de cargos que se realizaba hasta el cierre de esta edición.

La detención

La presunta estafa estalló en noviembre del año pasado cuando varios clientes se acercaron a las oficinas de la inmobiliaria para reclamar sus viviendas y se encontraron con las puertas cerradas. Después de algunas semanas las denuncias por estafa contra Pachacama y Torres se acumularon en la Fiscalía de Pichincha.

En enero de 2013, el juez Sexto de Garantías Penales de Pichincha, Franz Valverde, dictó prisión preventiva contra los dos imputados e incluso solicitó la difusión roja para que sean buscados y detenidos por la Interpol.

Sin embargo, no había rastro de la pareja y se especulaba que habían huido del país rumbo a Colombia. Pero la noche del martes, a las 20:00, un operativo entre la Fiscalía y la Policía Judicial ubicó a los presuntos estafadores en una de sus viviendas ubicada en San Pedro de Taboada, en el Valle de Los Chillos.

“Durante varios meses hemos hecho labor de inteligencia, allanado domicilios en Quito y Guayaquil y, a partir de información adicional de la ciudadanía, se localizó a los ciudadanos”, manifestó Ramiro Ortega, jefe de la Policía Judicial de Pichincha.

Por su parte, el ministro del Interior, José Serrano, manifestó que se buscará la máxima pena ya que no se trata sólo del delito de estafa sino del de asociación ilícita. La estafa ascendería a 8 millones de dólares.

Sin embargo, el fiscal general, Galo Chiriboga, dijo que no ve posibilidad alguna de acuerdo de reparación, dada la cuantía.

Incertidumbre

Apenas se difundió la información sobre las detenciones, un centenar de presuntos estafados se dio cita en la Unidad de Flagrancia. Esperaban la audiencia de formulación de cargos.

Eugenia Luna, una de las denunciantes, invirtió 10.350 dólares por una vivienda en Carcelén, y espera la devolución de los recursos. “Quiero que sea consciente y devuelva la plata que con tanto sacrificio reunimos”, manifestó.

Lo mismo opina Judith Espín. Ella entregó 7.600 dólares por una casa en Quitumbe que jamás conoció. “Queremos que todo quede en paz, no queremos hacer daño a nadie, sólo nuestra plata”, manifestó.


 

Difícil situación

° Momentos de tensión se vivieron en los exteriores de la Unidad de Flagrancia cuando los presuntos perjudicados identificaron a Juan Guamba Torres, abogado de Javier Pachacama. Enseguida lo rodearon y empezaron los empujones, manoteos y reclamos.

Guamba guardó la compostura, lo que evitó que la situación pasara a mayores. El abogado manifestó que su defendido tiene la voluntad de entregar alrededor de 17 propiedades para cancelar la deuda y que los activos de la empresa serían de 7 millones y medio de dólares y que el monto adeudado no supera los 5 millones, cifra que no coincide con la oficial.

La Hora