Una comisión especial creada por el gobierno del presidente Rafael Correa emitirá este lunes un informe preliminar sobre los sucesos registrados el 30 de septiembre de 2010 en el contexto de un supuesto reclamo laboral de la fuerza pública que –por las sui generis circunstancias que lo rodearon- tomó un cariz de intentona golpista.

Carlos Baca Mancheno (presidente de la comisión), Diego Guzmán y Óscar Bonilla harán púbico su informe a las 10:00, en la sede de la Secretaría de la Administración (ex Secretaría de Transparencia de Gestión), al norte de Quito, informaron fuentes oficiales.

El informe contiene información reveladora sobre los sucesos registrados en 2010. La comisión, creada en junio, ha tenido alrededor de doscientas reuniones y ha recabado información pormenorizada sobre los hechos que dejaron diez muertos y decenas de heridos.

El organismo ha recabado una gran cantidad de datos tanto en lo que se refiere a entrevistas de personas (civiles, policías, militares) y también ha tenido acceso a documentos y otro tipo de fuentes probatorias (vídeos, audios).

La misión, según ha señalado su presidente, Carlos Baca, es llegar a la verdad de los hechos luego de lo cual entregarán sus resultados a la Fiscalía.

Baca le dijo a Andes que existen dos puntos importantes en la investigación: la vinculación de actores políticos, puntualmente del partido Sociedad Patriótica, y la dispersión judicial del caso.

Sobre el primer tema, Baca ha exigido que Lucio Gutiérrez, dirigente de Sociedad Patriótica, le explique al país la responsabilidad de su organización política, y la suya propia, en los sucesos. En el segundo tema, ha deplorado la actuación del ex fiscal Washington Pesántez al delegar la investigación a noventa agentes de la Policía Judicial en momentos en que esa institución estaba vinculada con la insubordinación.

La comisión ha centrado también sus investigaciones en el intento de golpe de Estado, la retención ilegal del presidente Correa en el hospital policial y la tentativa de asesinato contra el Jefe de Estado (magnicidio).

La participación de actores internacionales vinculados a la delincuencia organizada es uno de los elementos presentes en el intento de golpe de Estado, manifestó Oscar Bonilla, miembro de la comisión investigadora de los hechos ocurrido el 30 de septiembre del 2010, conocidos como 30-S.

En una entrevista televisiva difundida el domingo en el programa El Ciudadano Tv, el funcionario que el 30-S se desempeñaba como viceministro de Gobernabilidad, se refirió a una reunión mantenida en Miami- Estados Unidos en la "que confluyeron varios actores de muchas vertientes de la oposición más radical a los gobiernos democráticos de América Latina. Poderes fácticos caracterizados por operaciones de índole violenta."

El funcionario se refirió a una reunión sostenida el 23 de septiembre del 2010 (una semana antes de la intentona golpista) en el Bankers Club de Miami, de la que participaron el expresidente Lucio Gutiérrez, exoficial de las Fuerzas Armadas y de clara tendencia de oposición al régimen, además de Gustavo Lemus, denunciado en Ecuador como torturador por su participación durante el gobierno de ultra derecha del fallecido mandatario León Febres Cordero.

Según los medios locales, en la reunión auspiciada por la Interamerican Institute for Democracy (IID) también participó Pablo Lucio Paredes, exministro de Sixto Durán Ballen; Mario Ribadeneira, exembajador de Febres Cordero y exministro de Durán Ballén; coronel Mario Pazmiño, exdirector de inteligencia del Ejército ecuatoriano, el banquero Roberto Isaías, Carlos Alberto Montaner, periodista cubano residente en Miami, entre otros.

Según describe el portal rebelión.org, la IID es una organización fachada de la mafia cubanoamericana y de sus afiliados venezolanos, ecuatorianos y bolivianos, vinculada a grupos de extrema derecha.

Tomado de http://www.andes.info.ec