El caso conocido como Tagaeri-Taromenani, en el que se encuentran procesados 17 indígenas de una comunidad Waorani por presunto genocidio contra miembros de un pueblo en aislamiento voluntario de la Amazonía ecuatoriana, pasará a la Corte Constitucional (CC) para que se pronuncie sobre la aplicabilidad de la pena, que podría ir de 16 a 25 años de cárcel, informó la Fiscalía.

La decisión fue tomada este martes por el Juzgado de Garantías Penales de la provincia de Orellana, lugar donde ocurrieron los hechos el pasado 30 de marzo de 2013. El ministerio Público pidió que el expediente pase a la CC para evitar que la sanción a los supuestos responsables viole los preceptos constitucionales.

"Queremos con esta consulta enviar un mensaje claro al pueblo waorani de que buscamos entender su cultura y que esta zona sea de paz", manifestó el fiscal general del Estado, Galo Chiriboga, quien resaltó la importancia del pronunciamiento del organismo constitucional.

En la audiencia realizada este martes, también se vinculó a otra persona en la etapa de instrucción fiscal, por lo que hasta la fecha son 17 procesados, de los cuales, seis se encuentran con prisión preventiva.

El fiscal Chiriboga señaló que "en este proceso de investigación se ha recurrido a la antropología para entender la cultura de los pueblos en aislamiento". Además que se busca que "haya un respeto a la vida de otros pueblos. "Hay que hacer un esfuerzo conjunto para evitar la impunidad y generar condiciones de paz entre la comunidades", enfatizó el fiscal General.

En marzo de 2013 se hizo pública la matanza de dos indígenas del pueblo Waorani en la provincia amazónica de Orellana presuntamente por miembros del pueblo Taromenane (en aislamiento voluntario).

Ante este hecho, familiares de los indígenas asesinados supuestamente habrían realizado una excursión al interior de la selva para cobrar venganza, cometiendo presuntamente un genocidio.

Fruto de esta incursión, algunos waoranis se llevaron a dos menores de edad y las retuvieron en un poblado indígena. Una de las niñas entró al programa de Testigo Protegidos de Fiscalía, tras un operativo coordinado con la comunidad y la Policía, mientras que la otra quedó con mayores protecciones, al cuidado de miembros de la comunidad wao

Esta es la primera vez en la historia del Ecuador que inicia un proceso judicial para las víctimas de familias en aislamiento voluntario muertas violentamente.

Tomado de http://www.andes.info.ec/