La policía chilena se encontraba este lunes en el ojo de la tormenta tras la destrucción de pruebas sobre la muerte del joven mapuche Camilo Catrillanca durante un confuso operativo policial en La Araucanía, sur de Chile, epicentro de las reivindicaciones indígenas para recuperar tierras ancestrales.

Dos altos oficiales y los cuatro agentes que formaron parte de la patrulla que participó en la muerte del joven fueron destituidos este fin de semana en medio de las críticas contra la actitud de una policía, ya muy cuestionada en la región en la que este pueblo originario reivindica las tierras que pertenecieron a sus antepasados.

En un primer momento, la policía aseguró que la muerte de Catrillanca, de 24 años, el 14 de noviembre cuando conducía un tractor en compañía de un adolescente de 15 años, se produjo durante un enfrentamiento a raíz de la persecución de los presuntos sospechosos de un robo de tres vehículos particulares.

Pero la institución ha ido variando su versión. Inicialmente, los carabineros aseguraron que no había registros gráficos de este operativo, pese a que es obligatorio. Pero tras las declaraciones del joven de 15 años que acompañaba a la víctima, ha tenido que dar marcha atrás y reconocer que uno de los policías destruyó las imágenes.

“Nunca vamos a tolerar que la acción de Carabineros se salga del marco de la Constitución, la ley y sus propios reglamentos”, dijo el presidente Sebastián Piñera, quien regresó este lunes a Chile tras participar de la reunión de APEC en Papúa Nueva Guinea y una visita oficial a Nueva Zelanda.

Por su parte, el ministro del Interior, Andrés Chadwick, anunció ante una comisión del Congreso que presentará tres querellas: por destrucción u ocultamiento de pruebas, contra quienes resulten responsables de la muerte y contra los participantes en el robo a cuatro profesoras, que según el gobierno desató el operativo.

Chadwick, fuertemente criticado por la oposición política y por la comunidad mapuche, descartó renunciar a su cargo “salvo que el Presidente de la República me señale lo contrario”, dijo al salir del Congreso.

La Fiscalía ya abrió una investigación en contra de los policías por“obstrucción a la justicia”, que se suma a la de la muerte del joven, el séptimo indígena fallecido en un operativo en esta región en las últimas dos décadas.

En ese contexto, este lunes tomó declaración al menor que acompañaba a la víctima.

De su lado, la oficina regional del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH) afirmó en una declaración que confía en que “se realizará una investigación exhaustiva, rigurosa y eficaz”. El organismo tiene como Alta Comisionada a la expresidenta chilena Michelle Bachelet.

En Santiago, este lunes siguieron las protestas. Frente a La Moneda -sede del gobierno- medio millar de personas se manifestaron a última hora de la tarde e invadieron la principal avenida capitalina, acción reprimida por la Policía con gases lacrimógenos.

“Comando Jungla”

En el punto de mira está también el “Comando Jungla”, una fuerza de élite formada en Colombia para el combate al terrorismo en La Araucanía. La justicia no ha logrado determinar la existencia de esta agrupación en la región.

El grupo especial, presentado hace cuatro meses por el gobierno, tiene como principal tarea combatir los frecuentes ataques incendiarios contra predios privados y camiones en la región, atribuidos a grupos radicales mapuche en el marco de sus reivindicaciones de tierras.

En las últimas horas, una escuela y al menos tres viviendas fueron incendiadas en actos de “carácter intencional”, según Adolfo Millabur, alcalde de la localidad de Tirúa.

Las dudas sobre el actuar policial tienen un precedente: la llamada“Operación Huracán” que implantó pruebas falsas para imputar como autor de una serie de ataques incendiarios a Héctor Llaitul, líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) y otros siete indígenas, que fueron sobreseídos por la justicia tras pasar mes y medio en la cárcel.