El gobierno de Iván Duque anunció este miércoles nuevas reglas para el porte de armas de fuego por parte de civiles en Colombia, lo que fue denunciado por opositores como una flexibilización de las normas que restringen al máximo esa práctica.

Duque renovó mediante decreto la suspensión por un año más de los salvoconductos, que está vigente desde 2015, pero aseguró en Twitter que el“derecho a autorizaciones especiales se mantiene”.

Su ministro de Defensa, Guillermo Botero, informó luego que se expedirá una“nueva directriz” para reglamentar estos casos especiales, terminando, según dijo, con la discrecionalidad con la que los responsables militares otorgan esas licencias.

“Este decreto no flexibiliza (el porte de armas), sino que crea condiciones objetivas para el otorgamiento de los permisos especiales”, justificó Botero en entrevista con W Radio.

En ese sentido, anticipó que el nuevo instructivo “tendrá unas reglas de juego claras y no quedará a discrecionalidad de cada funcionario” la expedición de licencias.

Centro Democrático, el partido de derecha en el poder, que había pedido expresamente a Duque que relajara las normas sobre esta materia, expresó su“agradecimiento” al mandatario.

“Esperamos que (…) se acaben tantos traumatismos, tantas solicitudes de personas que requieren el porte de arma para su protección, para la defensa personal y que estaban teniendo serios problemas para defender y proteger su vida”, dijo el congresista del oficialismo Christian Garcés en un comunicado.

Con una tasa de 23,07 homicidios por cada 100.000 habitantes, la mayoría cometidos con arma de fuego, según estadística oficial, Colombia cerró hace dos años un enfrentamiento de medio siglo con la que llegó a ser la guerrilla más poderosa de América.

El acuerdo de paz con el ahora partido FARC redujo el conflicto armado, que dejó ocho millones de víctimas entre muertos, desaparecidos y desplazados, pero persisten la criminalidad urbana y grupos armados financiados por el narcotráfico o la minería ilegal.

Los observadores prevén este año un alza en la tasa de homicidios con respecto a la de 2017, cuando hubo 11.373 casos, de acuerdo a Medicina Legal.

La oposición cuestionó en redes sociales la ambigüedad del anuncio oficial.

“Con los permisos especiales para porte de armas entramos de nuevo a la seguridad vista como autodefensa. La extrema derecha no puede entender que portar armas es sinónimo de inseguridad y que la seguridad no se mide en número de muertos”, dijo el congresista Gustavo Petro, líder de la izquierda.

De su lado, la senadora del Partido Verde Angélica Lozana señaló que el decreto de Duque “viene envenenado” y “abre la puerta a más muertes por más gente armada”.