Un nuevo estudio publicado por la organización UnidosUS pronostica un oscuro panorama para millones de inmigrantes bajo el actual gobierno de Donald Trump.

Cerca de 6 millones de menores afrontan algún tipo de riesgo por el endurecimiento de las políticas migratorias por parte del Gobierno Trump, ya que viven con al menos un familiar indocumentado o algún pariente cuyo permiso legal para residir en el país podría ser anulado, estimó un estudio de la organización UnidosUS presentado este viernes en Washington.

Uno de cada cuatro menores de 18 años en el país es latino, una proporción que ha crecido en un 47 % desde el año 2000 y que llegará a suponer un tercio del total de menores en los próximos 25 años.

De acuerdo con los cálculos de esta organización, el 95 % de los 18 millones de menores latinos que viven en EEUU nacieron en el país y poseen la ciudadanía, pero un gran número de ellos se verían afectados por el endurecimiento de las políticas migratorias ya que podrían separar a miles de familias, especialmente hispanas.

Además, miles de jóvenes conviven con padres que sí están documentados gracias a permisos de residencia muy longevos pero que la Administración del presidente, Donald Trump, ha anunciado que revisará, como el programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) y el Estatus de Protección Temporal (TPS).

EL CMS señaló que en torno a 470,000 menores con la ciudadanía podrían ser alejados de sus padres, si el Gobierno finalmente anula sus permisos TPS y DACA e inicia su deportación.

“En los próximos 18 meses vamos a tener que discutir sobre la dirección que va a tomar el país”, aseguró el autor del informe, Carlos Guevara.

 “Nuestra nación tiene un interés real en asegurar el futuro de estas familias. (…) De dar con soluciones depende la prosperidad del país”, consideró.

Según el documento de UnidosUS, hace falta modernizar los sistemas de inmigración, pero la Administración, en cambio, ha apostado por separar a las familias y propagar miedo y ansiedad entre la población inmigrante de EEUU.

Está organización, dedicada a promover políticas en favor de la comunidad latina, también denunció que el Gobierno de Trump está promoviendo acciones para restringir el acceso legal al país, pues pone obstáculos a quienes solicitan la residencia, mediante procedimientos jurídicos.

Durante la presentación del estudio, la responsable de Inmigración del Ayuntamiento de Nueva York, Bitta Mostofi, recordó que en las grandes ciudades del país la población inmigrante es fundamental y está muy vinculada con la economía y con el resto de habitantes.

“En Nueva York el 60 % de la población tiene algún familiar inmigrante. (…) Las grandes ciudades entienden muy bien las poblaciones diversas”, apuntó Mostofi.

Por ello defendió que las ciudades estén desarrollando programas de integración para “crear espacios en los que la gente pueda vivir de forma segura”, a pesar de las órdenes dictadas desde Washington.

“Los ciudadanos de Nueva York y los inmigrantes legales están muy vinculados con las personas indocumentadas”, relató para explicar por qué las acciones contra el último grupo “afectan a toda la comunidad”.

 En otras metrópolis como Los Ángeles, las circunstancias son muy similares, según narró el responsable de escuelas públicas KIPP de esta urbe, Manny A. Aceves.

“Desde hace dos años los alumnos afrontan inseguridad y preguntan: ¿Estará mi familia bien? ¿Volveremos a México? ¿Se llevaran a mis padres?“, narró.

Para Aceves la incertidumbre que afrontan estos menores y la alta probabilidad de que sufran experiencias traumáticas afecta directamente a su educación y, por tanto, al futuro del país.